Por Agencias.

Huajuapan de León, Oax., 05-11-2019.- Miles de niñas y niños en México estudian en escuelas sin luz, agua o electricidad, en planteles sin techo o que resultaron seriamente dañados y esperan ser reconstruidos tras los fuertes sismos de septiembre de 2017.

Para corregir las severas deficiencias en las condiciones de las escuelas, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con mayoría en el Congreso, impulsó la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) para dar paso al proyecto “La escuela es nuestra”, un programa que tiene como eje central la entrega directa de los recursos para infraestructura educativa a padres de familia y maestros.

El Gobierno federal ha criticado que las anteriores Administraciones «del ciclo neoliberal» desatendieron el mantenimiento de los planteles educativos, con procesos poco transparentes. Bajo este nuevo esquema, argumentan, se agilizará la entrega de recursos, se reducirá el costo burocrático y se evitará el clientelismo, el dispendio y la corrupción.

Al dar el banderazo de arranque el 20 de octubre pasado en la ciudad de Oaxaca, López Obrador se mostró seguro de que el programa dejará «cosas muy buenas» en beneficio de las escuelas. No obstante, especialistas han mostrado su preocupación por la gran responsabilidad que tendrán los padres y maestros en obras mayores de infraestructura, así como los criterios difusos en materia de fiscalización de los recursos.

El programa “La escuela es nuestra” tiene como prioridad mejorar la infraestructura de las escuelas ubicadas en zonas de muy alta y alta marginación, la mayor parte de ellas en el sur del país, así como en los planteles ubicados en pueblos y comunidades indígenas.

Con un presupuesto inicial de 20.000 millones de pesos (aproximadamente 1.039 millones de dólares), el Gobierno mexicano buscará mejorar las condiciones en las que estudian las niñas y niños de más de 170.000 planteles educativos en el país.

Para este propósito, se integrarán Asambleas Escolares conformadas por padres de familia, maestras, estudiantes de 4º de Primaria (9 años) y miembros de la comunidad. Estas Asambleas, a su vez, se encargarán de crear un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), la pieza clave del Gobierno mexicano en su reforma de la infraestructura educativa.

Las Asambleas votarán quiénes conformarán los CEAP, aunque siempre manteniendo la siguiente jerarquía: presidente (madre o padre de familia), secretario (ya sea progenitor, directivo o docente), tesorero (madre o tutora), dos vocales (cualquiera de los familiares mencionados o autoridad educativa) y un estudiante a partir de 4° de Primaria, que podrá opinar, pero sin derecho a voto.

Los CEAP serán los encargados de administrar los recursos asignados a cada escuela, que se destinarán dependiendo la matrícula de cada plantel:

• Si tiene entre 1 y 50 alumnos, recibirán 150.000 pesos (7.804 dólares).
• De 51 a 150 alumnos, se otorgarán 200.000 pesos (10.406 dólares).
• En el caso de escuelas con más de 150 alumnos, recibirán 500.000 pesos (26.015 dólares).

Con una confianza total en el manejo de los recursos por parte de padres de familia y maestros, el Gobierno mexicano atribuyó a los CEAP la responsabilidad de realizar un diagnóstico de las escuelas y supervisar los trabajos de mantenimiento, rehabilitación, construcción, equipamiento y servicio que requieran.

«Estoy seguro que los padres de familia van a cuidar mucho esos recursos y van a rendir mucho más que si se manejan por las instancias de Gobierno o con contratistas», dijo López Obrador a principios de octubre.

No obstante, la fe del mandatario en el programa “La escuela es nuestra” ha generado preocupaciones entre maestros y especialistas en educación.

Para Bernabé Canales, profesor de la Escuela Preparatoria Oficial 72, el hecho de desaparecer el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa implica que ya no habrá un árbitro que regule la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las instituciones educativas.

En un artículo publicado por los investigadores Marco Fernández y Daniel Hernández, de la organización México Evalúa, coinciden con que la desaparición del INIFED implica la pérdida de «una autoridad con el conocimiento técnico imprescindible para garantizar la seguridad estructural de las escuelas».

Un mapa elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Kaluz identificó 19.139 escuelas afectadas tras los sismos de septiembre de 2017. A más de dos años del fuerte temblor, hay centros educativos que no han sido atendidos, como el lugar en donde trabaja Bernabé Canales, ubicado en el municipio de Jaltenco, en el Estado de México, en donde «es normal que se lleguen a romper los vidrios», según cuenta en entrevista con este medio.

«Yo no me sentiría apto para ocupar un cargo en el Comité Escolar de Administración Participativa porque desconozco los materiales de las técnicas de construcción y el tipo de construcción dependiendo el suelo», dice.

Por su parte, Sandra Creixell Breña, directora de Estudios Jurídicos de la organización Mexicanos Primero, refiere que involucrar a las familias y a la comunidad escolar en el mejoramiento de escuelas es un objetivo que debe perseguir el Estado, pero siempre y cuando se provea de las capacidades, habilidades, recursos y apoyo para acompañar esta responsabilidad.

Los lineamientos del programa hablan de guías y manuales que estarán en manos de los CEAP, en los que se incluirá «la obligación de contar con la participación de profesionales certificados y acreditados responsables de la supervisión técnica que garanticen la seguridad estructural de las obras mayores a realizar».

No obstante, para Mexicanos Primero la reforma educativa de López Obrador no es clara sobre quiénes serán los responsables respecto a la seguridad de los planteles educativos y la integridad física de las personas, así como en las acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento.

El otro aspecto que preocupa a los especialistas es la transparencia y fiscalización de los recursos en ‘La escuela es nuestra’, un tema que tampoco estaba solucionado con el anterior programa de infraestructura educativa, ‘Escuelas al cien’.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el programa ‘Escuelas a cien’, referentes a la aplicación de los recursos; la falta de documentación que comprobara el gasto; obra pagada que no fue ejecutada o que fue de mala calidad; y dinero ejercido en conceptos que no cumplían con los objetivos específicos del plan.

Para Creixell Breña, el tema del manejo de recursos a nivel comité «hace muy difícil una verdadera fiscalización o la posibilidad de una auditoría», y considera que a pesar de que el programa tiene entre sus objetivos eliminar la corrupción, «no está claramente definido» cómo se hará contraloría a la ejecución del dinero.

Entre buenas intenciones y muchas preocupaciones, López Obrador arrancó el programa que buscará dotar de una mejor infraestructura educativa en las escuelas con mayores carencias del país, un saldo pendiente que se arrastra en México desde hace varias Administraciones.