Por APIM.

La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 sacudió al México de la primera década del siglo XXI, una población que fue testigo casi en tiempo real y evidenció la profunda crisis del Estado de derecho de un país latinoamericano que se apuntalaba para ser el ejemplo de la modernidad. Al cumplirse el quinto aniversario del suceso, no sólo se sigue sin saber qué ocurrió con los jóvenes normalistas, sino que el proceso judicial presenta una serie de fallas en el Debido Proceso al violar los derechos humanos de los principales participantes de estos terribles hechos después de que se han documentado torturas, fabricación de pruebas, perdida de indicios y numerosas irregularidades.

La certeza jurídica del caso ha quedado vulnerada. Más de la mitad de los acusados (77 de 142) ya han sido liberados. De todos los implicados, apenas una treintena están imputados por la desaparición de los 43 estudiantes, según datos del Centro Prodh, un organismo independiente que ha seguido todo el caso y que ha documentado también violaciones a los derechos humanos y contra el debido proceso a 83 personas, entre ellas 24 policías que fueron liberados hace un par de semana, solo unos días después de que uno de los principales acusados, Gildardo López Astudillo, El Gil, también quedase en libertad.

La vulneración del proceso judicial se veía cuando las pesquisas tomaban un rumbo incierto ya que los probables responsables de estos hechos serían liberados gradualmente por las inconsistencias de las pruebas y todas las fallas procesales. Los primeros liberados fueron detenidos por hechos relacionados con la “verdad histórica”, línea de investigación que impulsó el Gobierno de Enrique Peña Nieto para cerrar el caso, misma que afirmaba que los 43 estudiantes fueron quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula.

Pero el actual Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, como la nueva Fiscalía General de la República, independiente del Ejecutivo por primera vez, han prometido una investigación prácticamente nueva ante el alud de irregularidades. Es así que recientemente la fiscalía señalo que la investigación comenzará “desde cero”, ha dicho el fiscal especial del caso, sin concretar si la afirmación es metafórica o si, de verdad, va a obviarse cualquier avance que se haya hecho.

A diferencia de su antecesor, López Obrador se solidariza con los familiares de los 43 estudiantes, apoyo que ha sido constante desde antes incluso de que asumiera la presidencia. Los gestos y declaraciones, no obstante, hace tiempo que dejaron de ser suficientes.

México debe demostrar que puede llevar un proceso judicial serio y que la Fiscalía es independiente del poder Ejecutivo. Lo que está en juego no es solo esclarecer qué ocurrió aquel 26 de septiembre; también dar un gran paso hacia la consolidación de un Estado de derecho. Una deuda con los familiares de los 43 desaparecidos y con toda la sociedad mexicana.