• Opinión:

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN VERSUS LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Por Ricardo García Jiménez/APIM.

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La mayor parte del electorado mexicano parece no despertar de la embriaguez del rotundo triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su avasallante triunfo liderado por la coalición del partido MORENA y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES). Durante más de dos años de intensa campaña la retórica “republicana amorosa obradorista” abogó por una austeridad, una intolerancia a la corrupción, mayor democracia representativa, un gobierno más incluyente, una sociedad menos desigual y con mayor crecimiento sin perder estabilidad financiera; todos estos y otros ejes que articularon los Lineamientos Básicos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, sirvieron para apuntalar la idea de la transformación de México. Sin embargo, estos ejes sólo descansan en la mera esperanza de un Estado de Derecho que otorgue a ciudadanía una utopía en la autodeterminación y el autogobierno que se contrapone a un romántico nacionalismo republicano cardenista en el mejor de los casos, se confronta con la deuda histórica de la autonomía de los pueblos indígenas.

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Desde el primero de enero de 1994, los pueblos indígenas organizados en territorio mexicano y su histórica reivindicación por la libre determinación y el autogobierno, fue posible colocarlo en el primer plano de la discusión internacional gracias a la irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su osadía enfrento a la ilusión que había vendido el salinismo para integrar a la nación mexicana al primer mundo por medio del Tratado de Libre Comercio(TLC), situación que descarrilo y puso en conciencia a la población mundial de la deuda que se tiene aún hoy con los pueblos originarios (EZLN: Primera Declaración de la Selva Lacandona, 1993).

Nuevamente, pero en una versión menos militar, el Neozapatismo confronta hoy el proyecto de la denominada “Cuarta Transformación de la Vida Pública de México” impulsada por el obradorismo nacionalista-Liberal (Socialdemocracia).

Los ejes primarios asentados en los históricos (e incumplidos) Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 por el gobierno federal y los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y otros, han mantenido una pertinencia insalvable: El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y autogobierno a través de sus propias instituciones con proyección territorial (CEDOZ, 2001).

A pesar de la grave ausencia y contraproducente actuación del Estado (PRI y PAN), el contexto y la maduración autonómica de los pueblos indígenas en México, configuran escenarios muy distintos al de hace más de dos décadas. En este sentido, paradójicamente, han sido algunos de los pueblos indígenas y organizaciones civiles en defensa de la tierra y el territorio, las que han asumido desde el ejercicio de la política y las democracias directas, la agenda sustancial de dichos acuerdos.

Desde hace dos décadas y media, los pueblos indígenas y los movimientos populares, autonómicos, auto-organizados y libertarios se han reposicionado en su quehacer político desde el restablecimiento de su injerencia en asuntos de gobierno (demandas de políticas públicas), pasando por la lucha de justicia y castigo a los asesinos de líderes sociales, alto a las desapariciones forzadas, como también su relación con la tierra y el territorio, han tenido una presencia más activa en las calles para hacer valer sus demandas.  

Fue coyunturalmente con el levantamiento zapatista de 1994, que la larga historia de violencia “republicana” (racista, clasista y patriarcal) encontró un respiro para mostrar que no todos los hechos que aparecían en las secciones de Nota Roja eran delitos del fuero común, sino que la mayoría eran producto de la guerra prolongada que se mantenía desde el Estado hacia sectores y actores sociales específicos.

El escenario del “post-conflicto” zapatista reabrió un ciclo histórico que transitó del horizonte insurgente de rebelión, a la autonomía y el autogobierno en formas de organización gubernamentales anti-estatal. La creación de Municipios Autónomos (MAREZ) y su proyección geopolítica regional a través de Caracoles, territorializó la autodeterminación. Mientras que las Juntas de Buen Gobierno (que cumplieron con su función), concretaron una expresión genuina de autogobierno fundado en las instituciones sociales comunitarias, limitando el poder de intervención castrense del EZLN sobre la vida política y civil de sus bases. Ver tabla 01.

Tabla 01. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS CARACOLES Y SU EVOLUCIÓN.

Fuente: Hidalgo, Onésimo y Castro Soto, Gustavo. Cambios en el EZLN. CIEPAC, 2003.

Toda esta reorganización política y social tuvo repercusiones en el terreno de lo militar; así, las transmisiones de “Radio Insurgente. Voz del EZLN” que emitía en los 5.8 megahertz en onda corta, paso a la banda de 49 metros. Otros cambios fueron: se levantarían todos los retenes zapatistas, eliminación de los cobros a particulares en caminos y carreteras en los territorios rebeldes. Sólo se revisarían los vehículos que estuvieran traficando madera, drogas o armas, o, por exigencia de las mujeres, introduciendo alcohol.

Además, el EZLN declararía: “… no podría ser la voz de las JBG”. Ya que como diría más tarde en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona: “vimos que el EZLN con su parte político-militar se estaba metiendo en las decisiones que les tocaban a las autoridades democráticas, como quien dice ‘civiles’. Y aquí el problema es que la parte político-militar del EZLN no es democrática, porque es un ejército, y vimos que no está bien eso de que está arriba lo militar y abajo lo democrático, porque no debe de (sic) ser que lo que es democrático se decida militarmente, sino que debe ser al revés: o sea que arriba lo político democrático mandando y abajo lo militar obedeciendo” (EZLN: Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 2005).

Más todavía, en su carácter de mando militar, el Subcomandante Insurgente Marcos declararía que en consecuencia los Consejos Autónomos no podrían recurrir a fuerzas milicianas del EZLN para las labores de gobierno: “deberán, por tanto, esforzarse en hacer como deben hacer todos los buenos gobiernos, es decir, recurrir a la razón y no a la fuerza para gobernar. Los ejércitos deben usarse para defender, no para gobernar. El trabajo de un ejército no es ser policía o agencia de ministerio público” (Subcomandante Marcos, 2003). En la última década y media, la narco-política y la violencia desbordada por la fallida “guerra contra el narcotráfico”, creo una deslegitimación de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para dar solución a la creciente expansión de los carteles del narcotráfico que envolvió a las diferentes estructuras del gobierno mexicano y la clase política en su conjunto, creando reductos caciquiles en distintas regiones del país que son controlados por medio del pacto entre grupos de políticos y grupos paramilitares, en vigilancia con el complejo militar nacional y norteamericano, creando además un Estado de excepción que repercutió en el aniquilamiento de los derechos humanos en México, dejándola en manos de la sociedad civil y organizaciones internacionales el respeto de los mismos.

Marcos declararía que los Consejos Autónomos no podrían recurrir a fuerzas milicianas del EZLN para las labores de gobierno.

La pérdida de control legal del Estado y la sociedad sobre los recursos estratégicos del territorio nacional (petróleo, gas, agua, bosques-biodiversidad y seguridad nacional) mediante la privatización transnacional y la consecuente agenda de despojo extractivo, ha tenido un impacto desmedido sobre los territorios indígenas.

Es bajo este contexto, que emergió una tendencia indígena y campesina autonómica, que se manifestó, por un lado, en la constitución de grupos de autodefensa. Y por otro, mediante la reactivación de policías comunitarias en diversos territorios de nuestro país manifestando en algunos caos grupos de indígena insurgentes la defensa de sus territorios ante el poder del Estado, el capitalismo nacional e internacional, los grupos del narcotráfico y la delincuencia organizada, siendo entidades como: Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Más allá de las profundas diferencias políticas y éticas entre ambas tendencias, lo cierto es que la auto-determinación frente a la violencia y la ingobernabilidad en los territorios, amplió la geografía autonómica indígena y popular en México. Se sugiere ver para un conocimiento más profundo del tema a Francisco López Bárcenas, “Policías comunitarias Policías comunitarias y autodefensas: una distinción necesaria”. Publicado en http://www.lopezbarcenas.org/tags/polic%C3%ADas-comunitarias

La coyuntura que vive el país desde más de dos sesiones, ante la inacción o imposibilidad del Estado y la falta de una voluntad de los distintos partidos políticos para dar solución a los distintos problemas que viven los territorios y los hablantes de alguna lengua indígena, se ha ampliado y diversificado en formas de lucha de los pueblos originarios y se han asumido en sus formas organizativas prácticas y formatos de democracia directa y comunitaria autónomas.

Dada la negación y precariedad del Estado Mexicano para otorgar las mismas condiciones a los “ciudadanos” de este país, los pueblos originarios han impulsado formas de ciudadanía auto-constituidas y autogestivas, bajo modelos de organización centrado en ejes como: agendas ecológico-políticas a escala glocal (García, 2002), instalación de estructuras de autogobierno, control territorial de facto, cooperativas autosustentables, transferencia de tecnología no industrial, etc.

Es así que, con estos nuevos ensayos de hacer gobierno sobre la visión autonomía y comunitaria indígena en el sureste de México, se ha situado en los territorios rebeldes zapatistas de Chiapas, y otras entidades del país como Oaxaca y Guerrero una disidencia en de sus bases de apoyo, para el fortalecimiento del cerco territorial anti-partidista y el giro generacional de su población, para reeditar y orientar sus instituciones sociales autónomas, pero confrontando el reconocimiento y el capital de las políticas públicas del Estado Mexicano. Ello permitió que un año y medio atrás, se viniera gestando el impulso para la constitución de un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) con proyección nacional y permanente, más allá de los tiempos electorales previstos por el Estado Mexicano. Es decir, se dio continuidad al desdoblamiento de los tiempos políticos oficiales, aprovechando la focalización mediática para visibilizar la agenda elemental del CIG y el EZLN, que viene precedida Congreso Nacional Indígena (CNI). Donde en la última coyuntura electoral del 2018, se interpelaron a las instituciones electorales, en concordancia con el propio CNI con el fin de postular a una candidata indígena independiente.

Hubo ensayos de hacer gobiernos autónomos en territorios indígenas en el sureste de México, como en Guerrero y Oaxaca. Uno de los intentos fue en San Juan Copala, en la zona Triqui, en la mixteca oaxaqueña. este ensayo terminó con desplazados y decenas de asesinatos de indigenas triquis que buscaban su autonomía.

Es con la autonomía de los pueblos indígenas, en defensa de sus territorios, que se articularon dimensiones de local-nacional-internacional y formas autogobierno ante el despojo extractivo capitalista y la violación a los derechos humanos los que permitió el surgimiento de nuevas células de formas organizativas comunitarias.

Con el avance e instalación de Concejos de Gobierno Autónomos y Comunitarios en diversos estados del país, desempolvó, la agenda de los Acuerdos de San Andrés a través de la voz del intelectualismo zapatista. Por ejemplo, en los territorios purépechas de Cherán, Michoacán, se ha instalado ya el Tercer Concejo Mayor de Gobierno, y se ha convertido en la experiencia emblemática de la autonomía en clave estatal desde 2011. En Chiapas, el municipio de Oxchuc obtuvo en 2017 el respaldo del Tribunal Electoral local para concretar el reconocimiento de su Concejo Comunitario ante las instituciones electorales. En el mismo sentido, Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, ha optado por consolidar su figura de autogobierno, y le siguen como reacción en cadena, municipios organizados del estado de México y de diversas zonas de toda la región sur sureste del país.

Es por estas razones en el devenir histórico, que adquiere particular relevancia las acciones futuras de la ola morenista y el fenómeno AMLO, ante la realidad autonómica de los pueblos originarios del sur de México.

La “cuarta transformación” republicana obradorista a la que se alude en los eslóganes del gobierno electo, ello implica también, el reconocimiento en la construcción hegemónica partidista, que consiste en convertir a Morena en un partido de Estado nacionalista. Con el propósito de disolver el capital político territorial indígena autónomo para encauzar la agenda geoeconómica que ha comprometido el presidente electo con los compromisos contraídos por sus antecesores con los intereses internacionales. De ahí que retomar e impulsar con fuerte ahínco el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales es una prioridad en el plan de gobierno de AMLO. Se sugiere al lector revisar el texto de Ricardo García Jiménez en sus dos versiones en los siguientes links: http://www.apim.com.mx/Opinion2015/LO%20QUE%20NO%20SE%20CUENTA.html y http://www.revistaenmarcha.com.mx/miscelanea/analisis/2382-2018-01-17-02-03-57.html     

Es así que, con el arribo de una nueva clase política a las estructuras del poder gubernamental, es prioridad para MORENA y el obradorismo de consolidar la hegemonía sobre el Estado y el gobierno por parte de esta una nueva elite, mediante la cooptación corporativa capaz de administrar los intereses internacionales y nacionales de los distintos grupos políticos e industriales mediante formas diversas de violencia bajo la premiosidad de mantener Ley de Seguridad Nacional y el control de los cuerpos represivos del Estado a través de la creación de una Guardia Nacional. Es bajo esta dimensión que el nacionalismo republicano obradorista implica limitar y, en su caso frenar la maduración del horizonte popular comunitario indígena. Construir contrapesos, corporativizar los autogobiernos, mediante un institucionalismo de los pueblos originarios que buscan consolidar la libre determinación, pero en el discurso, no en los hechos. Para descifrar algunas de las pistas de esta estrategia vale analizar con detenimiento el acercamiento de los enviados de AMLO con los voceros de los supuestos concejos de gobiernos comunitarios durante el Segundo Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, realizado en el municipio rebelde de Oxchuc, el pasado 28 de julio 2018 (ver: http://www.noticias.supremaradio.com/2018/07/encuentro-nacional-por-la-libre.html).

AMLO y MORENA y su visión de lo que debe ser el indígena.

¿Qué hubo detrás del discurso de los emisarios obradoristas? Nada nuevo, ya que el interés central la ola morenista-obradorista ha sido la reincorporación de los pueblos originarios bajo un proyecto nacionalista indígena al más puro estilo de organizaciones campesinas como la Confederación Indígena Campesina (CNC). Recordemos que este modelo se instauro desde los años de 1940 a surgir de otras organizaciones que le disputaron a la CNC ciertos espacios regionales y que impidieron que se desarrollara como central única, las organizaciones rivales fueron: la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) de 1949; la Central Campesina Independiente (CCI) de 1963, y el Consejo Agrarista Mexicano (CAM) de 1970. Si bien estas organizaciones nacieron, por lo menos en los dos primeros casos, sobre la base de movilizaciones sociales de considerable magnitud e intentaron inicialmente organizarse al margen del sistema corporativo, pero fueron finalmente cooptadas por el gobierno y terminaron por afiliarse al partido oficial (C. de Grammont, 1989).

La enorme división que prevalece entre las organizaciones sociales campesinas e indígenas y sus numerosas escisiones, se explican en gran medida por las pugnas del poder entre sus dirigentes por captar los subsidios y recursos económicos para el impulso de proyectos productivos. Estas pugnas se traducen en disputas entre las organizaciones y al interior de las mismas por el control de las bases, que siguen siendo a menudo tratadas por sus dirigentes como meras clientelas y políticas, y no como verdaderos representados.

Sin duda alguna, muchas organizaciones son simples cotos de poder que justifican el patrimonialismo y la corrupción de los haberes que llegan a formar; no han respondido a cabalidad a la exigencia de rendición de cuentas indispensable en un sistema democrático y participativo. Dentro de esta tendencia es mucho más clara entre las organizaciones campesinas que entre las indígenas, porque estas últimas, muy en particular el EZLN, rechazan la colaboración de toda ayuda con las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales.

En cuanto a la nueva relación entre las organizaciones sociales y la esfera política que había comenzado a delinearse durante los años noventa, la transición democrática tuvo el doble efecto de consolidar tanto la tendencia de vincular a las organizaciones con los partidos políticos como la vertiente del ejercicio de la democracia directa desde las organizaciones locales.

Retomando la idea de la matriz de constitución que configura una “nueva relación” entre la clase política en arribo representad por MORENA y el sector campesino e indígena, a veces es difícil hacer una distinción precisa entre ellas, es posible ubicar a las organizaciones indígenas y campesinas en tres ejes de acción-interés en sus relaciones con el poder:

• La matriz política, esta plantea la posibilidad de lograr la transformación social del campesinado y los sectores indígenas a través de los partidos políticos, particularmente aquellos que monopolizan el poder, se encuentran aquellas organizaciones afiliadas al modelo priista corporativista como la CNC, CAM, CCI, UGOCM, Alcano, CONSUCC, Antorcha Campesina y otras.
• La matriz social y política, parten de la construcción de la democracia desde abajo (desde las organizaciones sociales, campesinas e indígenas) como desde arriba (desde los partidos políticos), cuyos dirigentes son mandos medios cercanos sobre todo al PRD y al PT, pero también a otras opciones políticas nuevas e incluso al PAN (UNORCA, El Barzón, CNPA, CIOAC, UCD, CCC, UGOCEP, CODUC, UNTA, ANEC y ANIPA). Hay que considerar a otras agrupaciones que, sin estar sus dirigentes identificados con determinados partidos, también optaron por la construcción de instituciones dentro del sistema parlamentario para promover sus proyectos sociales (CNOC).
• La matriz social, estas están en contra del sistema democrático electoral vigente porque consideran que reproduce las estructuras de dominación existentes. Esas organizaciones invocan la construcción de la democracia social únicamente desde abajo, aquí se puede ubicar al EZLN, al CNI y a numerosas organizaciones regionales. (C. de Grammont & Mackinlay, 2006).

Finalmente, ante esta realidad, en territorios zapatistas se han convocado a diferentes actividades como por ejemplo el Encuentro de Redes de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno por parte del CNI y el EZLN, donde han sostenido un discurso anti partidos políticos, la falta de credibilidad y legitimidad moral de AMLO y su proyecto de gobierno. Y su intento por impulsar un nuevo corporativismo a los sectores indígenas y campesinos como un intento de frenar el escenario autonómico y las alianzas entre pueblos indígenas frente a proyecto del gobierno electo por borrar los pendientes y deudas históricas de los indígenas de nuestro país, trazando una pauta fracturada en el futuro de la política pública y su relación con los pueblos originarios inscritos en esta tercera dimensión.

Los tiempos por venir de los movimientos sociales e indígenas han empezado a cobrar su cuota de sangre con la llegada al poder de una nueva clase en el poder, la muerte y desaparición de luchadores sociales como la Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos, fue asesinado a balazos a 5:30 de la mañana afuera de su domicilio, ubicado en el poblado de Amilcingo. Samir Flores era un indígena náhuatl originario de Amilcingo. Además de ser el principal impulsor de la organización contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), fue el fundador de la Radio Comunitaria de Amiltzinko 100.7 fm, en la cual conducía un programa. Actualmente formaba parte del Comité de Padres de Familia de la escuela del centro de Amilcingo. Su muerte representa para muchos movimientos sociales e indígenas que ante la nueva clase política obradorista no se podrá negociar. Ese es el futuro de los próximos cinco años y medio que faltan de este gobierno.  

Referencias.