Por APIM.
Huajuapan de León, 26-09-2019.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que su nombre fue dado de alta como socio de 26 empresas en una maniobra ilegal que, consideró, pudo ser orquestada por sus adversarios políticos.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, 25 de septiembre, el mandatario presentó una serie de documentos donde aparece su nombre y el de su esposa, Beatriz Gutiérrez, como socios de varias compañías ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
«Me inscribieron como socio de 26 empresas en un padrón del SAT. Me rayé, me convertí en empresario», dijo López Obrador en tono irónico.
Las empresas habrían sido dadas de alta el 11 de agosto en la ciudad de Boca del Río, en el estado de Veracruz, en un hecho ilegal que está siendo investigado por las autoridades para conocer a detalle las motivaciones de dicha irregularidad que habría incluido la falsificación de documentos.
«No tengo empresas y no soy socio de nada, ni mi esposa», aclaró el presidente.
Mencionó que el SAT tiene un sistema para advertir operaciones irregulares y fue así como las autoridades se dieron cuenta de dicha maniobra. Hasta el momento, se desconocen las causas precisas que motivaron el hecho.
Situación económica
Por otro lado, el mandatario mexicano indicó que aún se investiga quién puede estar detrás de estos hechos: «Si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que, en efecto, constituye estas empresas y puede hacer negocio engañando de que yo soy socio de la empresa, o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos», señaló.
Sobre su situación económica, López Obrador explicó que sólo tiene una cuenta bancaria en donde le depositan su sueldo, y dijo que nunca ha tenido tarjetas de crédito.
«Aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero», concluyó.
El anuncio de esta operación irregular se da en medio de un escándalo mediático por la revelación de 23 inmuebles y 12 empresas propiedad de Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de un político cercano al presidente López Obrador que ya está siendo investigado por la Secretaría de la Función Pública ante las omisiones de dichas propiedades en su declaración patrimonial.
