Por Agencias.

Alrededor de 300 policías fueron desplegados este martes a las afueras del Congreso de Perú, en Lima, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Parlamento y convocase a elecciones para renovar el Congreso. En respuesta, los legisladores nombraron a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidenta interina.

La movilización de las fuerzas de seguridad busca impedir el ingreso al Parlamento de excongresistas que no integren la Comisión Permanente, ya que, de acuerdo a la Constitución, una vez disuelto el Congreso, solo los legisladores que formen parte de este órgano los únicos que pueden ingresar al recinto legislativo.

El artículo 134 de la Constitución peruana establece que se deberá convocar a elecciones para conformar un nuevo Congreso dentro de los cuatro meses siguiente a la fecha de disolución.

El despliegue se dio después de que la noche anterior un grupo de manifestantes se enfrentase a la Policía en los alrededores del Congreso de Perú.

Los jefes de las Fuerzas Armadas, además del jefe del Comando Conjunto y de la Policía, manifestaron su lealtad al presidente Vizcarra, a quien llamaron «jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú».

En contraparte, los legisladores opositores a Vizcarra desconocieron al mandatario en la mayor crisis política de Perú en las últimas dos décadas.

El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, ofreció una conferencia de prensa a medios internacionales, en la que acusó a los medios peruanos de descalificar al Parlamento.

«Tenemos una prensa muy adversa que sigue con el tema que la política es corrupción. Se ha ido tratando de desgastar la figura del Congreso a través de prensa y otros medios que se emplean en gobiernos de este tipo, que tienen tendencia populista», dijo.

Olaechea aclaró a medios locales que, por el momento, él es el presidente de la Comisión Permanente, lo que complica el panorama, ya que dicha Comisión queda en funciones tras la disolución del Congreso, y «no puede ser disuelta», según establece la Constitución.

En tanto, la Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Héctor Miguel Cabrejos, hizo un llamado a la no violencia en medio de la crisis, mientras que la organización empresarial peruana, la Confiep, expresó su «enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el Presidente de la República, Martín Vizcarra, con un argumento inconstitucional».

Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero próximo, por lo que el nuevo Congreso sesionaría hasta julio del 2021, de acuerdo con el periodo constitucional del Parlamento disuelto.

Tras conocerse la disolución del Congreso, el centro de Lima y otras ciudades del país registraron manifestaciones de respaldo a la medida adoptada por el presidente, con gritos como «sí se pudo» o «Perú, te quiero, por eso te defiendo».