Por Ricardo García Jiménez/APIM.
El caso Rosario Robles, sin lugar a dudas, es una fuerte prueba para el Poder Judicial, ya que está obligado a cuidar el debido proceso de la presunta inocente para evitar suspicacias sobre la aplicación de la justicia a la ex funcionaria de mayor rango del gobierno anterior. Ciertamente que el caso Robles es una contundente acción del gobierno contra la corrupción perpetrada desde las altas esferas del gobierno federal, donde el papel de la parcialidad de judicatura es vital para convencer de que no existe consigna alguna contra personaje alguno.
Sin embargo, la actuación del juez que abrió el proceso y encarceló a Robles generó dudas por el riesgo de su actuación parcial y los probables actos de venganza y traiciones de la ex funcionaria en tiempos del PRD. Las controversias del proceso pueden ser el tope de las acusaciones contra ella por la Estafa Maestra del pasado sexenio y cuyas tramas se extienden hasta Peña Nieto.
Ahora la credibilidad del golpe contra la impunidad descansa en la pulcritud de la judicatura, ya que como ha sucedido en otros casos, la impartición de Justicia podría verse truncada por falta de garantías en los procedimientos legales para juzgarla y el respeto a la presunción de inocencia.
Los abogados de Rosario Robles parecen estar convencidos en impugnar la pertinencia y legalidad de las decisiones del juez que disuadir los cargos y testimonios que tiene en su contra Robles como responsable del delito de desviación de recursos de más de 5,000 millones de pesos.
La acusación emprendida por la fiscalía parece sólida con testigos de su propio equipo, como su ex oficial mayor, Emilio Zebadúa, señalado dentro de la red de corrupción que involucra a 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 empresas fantasma.
Por eso la atención de la defensa de Robles se centra en las fallas en los procedimientos, que propiamente por desvirtuar los elementos de prueba que la fiscalía ha integrado en la carpeta de investigación; recordemos que maniobras de este tipo ya han sucedido como el caso de Florence Cassez.
Es claro que la defensa pedirá la remoción del juez por posible conflicto de interés al tratarse de un sobrino de la diputada de Morena Dolores Padierna, quien tiene viejas cuentas con Robles por culparla del encarcelamiento de su marido, René Bejarano, por un escándalo de sobornos del empresario Carlos Ahumada en 2004 y otros más que estaban relacionados con los actos de corrupción donde estuvo implicado Carlos Ahumada.
Por si no fuera necesario de recordar a este personaje, Ahumada fue también detenido en Buenos Aires por una acusación de defraudación fiscal unos días después que su expareja sentimental, Robles, fue apresada, pero que el 18 de agosto de 2019 fue liberado por falta de pruebas y la que presentaron a la fiscalía argentina no eran sólidas.
Es muy probable que con la asignación del caso al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la defensa empleara todos sus recursos para removerlo, aún a sabiendas que, la asignación fue dada por sorteo y no será quien la juzgue y sentencia.
Por otra parte, el manejo político del caso no ha sido el más adecuado para el gobierno del “cambio verdadero”, ya que existe en imaginario social la sospecha de la existencia de un pacto de impunidad con el gobierno anterior por la aplicación selectiva de la Justicia. Donde a pesar del “borrón y cuenta nueva” de López Obrador, el caso Robles ha metido al gobierno en una encrucijada, que revelará su conducta frente a su promesa anticorrupción.
La Estafa Maestra abre la oportunidad de atacar el modus operandi de las redes de corrupción más allá de la personalización de la responsabilidad de Robles. La actuación judicial o la falta de atención de la FGR en las condiciones de imparcialidad del proceso pueden convertir la promesa contra la impunidad en ocasión para hacer daño a adversarios políticos o proteger a otros, justo en la línea de la construcción de esas tramas al interior de las instituciones.
La detención de Robles ha sido bien recibida en la opinión pública, pero basta recordar el desenlace de golpes judiciales contra personajes políticos en otros sexenios para saber que la fórmula parece agotada ante la alarma social por la corrupción. Es la oportunidad de que el Poder Judicial convenza de su proceder con la “cero tolerancia”.
