Por Ricardo García Jiménez/APIM.

En México y en Oaxaca en particular, se observa un creciente entorno social, político y económico muy caldeado por el desbordamiento de los excesos de los distintos sectores públicos y sus funcionarios, como de los poderes facticos (crimen organizado), que atentan contra la estabilidad y paz social, en el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

En medio de ello queda vulnerado el papel que juegan los medios de comunicación del Estado, los de paga o privados y los llamados comunitarios e independientes, mismos que atraviesan por una grave violación de sus derechos humanos y laborales por la noble tarea que es informar.

Ya que, en el intento de mantener informada a una sociedad demandante de los acontecimientos diarios, los trabajadores y colaboradores de la presan escrita, televisiva, radiofónica y electrónica han pagado con sus vidas la desaparición de muchos compañeros, la amenaza constante, el vituperio y señalamiento de amarillistas o “fifís” por su trabajo.

En otros casos, el retiro de apoyos de publicidad, la amenaza de cerrar sus medios por no contar con las concesiones o permisos son el pretexto por el sólo hecho de evidenciar todas aquellos excesos en el ejercicio de la actividad pública en los que han incurrido los distintos funcionarios y representantes populares de todos los órdenes de gobierno y de todos los partidos políticos por el hechos de mostrar los actos de corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos, enriquecimiento inexplicable, entre otros delitos sirve para agredir a periodistas y medios.

La prensa y los comunicadores al asumir ese compromiso social y moral de ser el contrapeso de los poderes públicos y facticos quedan expuestos a perder la vida. La prensa mexicana, y la oaxaqueña en particular, al asumir esa responsabilidad han pagado con lo más preciado que posee un ser humano que su vida. Decenas de compañeros y compañeras, en el caso de la entidad oaxaqueña, han muerto en el cumplimiento de su deber, que es el informar bajo los principios éticos del periodismo y la comunicación. En la siguiente tabla 01 se puede apreciar un recuento del asesinato de comunicadores y comunicadoras en el Estado de Oaxaca de Juárez:

Tabla 01

PERIODISTAS ASESINADOS EN EL ESTADO DE OAXACA 2000 – 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes medios.

Como se puede observar la libertad de prensa y el papel que juega los medios de comunicación como freno a los poderes es fundamental para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión, pero ha tenido costos muy altos. Las agresiones en perjuicio de las y los periodistas y comunicadores en nuestro país y en la entidad oaxaqueña son preocupantes, no sólo porque se trata de agravios a la integridad y vida de personas, sino porque también se lesiona a toda la sociedad, al vulnerarse el derecho a la información.

Además, en su ejercicio efectivo, a través de una prensa independiente y crítica, constituye un importante indicador del grado de protección de otros derechos humanos y libertades fundamentales que en el papel el Estado y sus diferentes órdenes de gobierno deberían hacer cumplir otorgando todas las garantías para el pleno ejercicio de esta actividad.

Si las instituciones gubernamentales no son capaces de garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión y la libre prensa, esta circunstancia vulnera las instituciones del Estado y al orden legal. Y en la región de la mixteca también ha pagado su cuto de muertos y atentados que vulneran a la libertad de prensa y la comunicación como se puede ver en la siguiente tabla 02.

Tabla 02

PERIODISTAS ASESINADOS Y AGREDIDOS EN LA REGIÓN DE LA MIXTECA OAXACA, 2008 – 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes medios.

Con base en diversos expedientes de quejas tramitados ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se ha observado un notable incremento en la cantidad de agresiones en perjuicio de los miembros del sector periodístico, sin que las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número de casos, hayan esclarecido los sucesos que motivaron los ilícitos cometidos en contra de las y los periodistas y comunicadores, tales como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.

Además, aunado al hecho de que las autoridades encargadas de la seguridad pública tampoco han logrado, en otros muchos supuestos, inhibir a los agresores o desarrollado políticas públicas en materia de prevención del delito, tendientes a impedir la violencia que aqueja al gremio de las y los periodistas y comunicadores en todo México, en Oaxaca y en la Región de la mixteca, todo lo cual constituye, por acción o por omisión, un aliento a la impunidad y seguir atentado contra la libertad de prensa.

También con la reciente promulgación y aprobación a la reformar de algunos artículos a la Ley Federal de Radio y Televisión, prácticamente se criminaliza a los medios y las radios comunitarias, por no contar con los permisos otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), situación que coloca el trabajo de informar, educar y el rescate de la cultura como un acto delictivo.

Hoy lo que observamos es una fragante crisis de los derechos humanos en su conjunto, hecho que en un Estado democrático es totalmente inaceptable.

El derecho a la integridad y la seguridad personal se encuentra establecido en preceptos de instrumentos internacionales y regionales, entre los que destacan los artículos 7o., 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3o., 5o., de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2o. del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 1.2 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En materia de libertad de expresión, de los instrumentos internacionales y regionales, destaca el contenido de los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que coinciden en establecer que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye el no ser molestado a causa de opiniones, así como el investigar y recibir informaciones, y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio.

En los puntos 1o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 9o., de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión promovida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prevé que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa. La libertad de expresión no es una concesión del Estado, sino un derecho humano mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información, por lo que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, debe estar prohibida.

De igual forma, delitos como el homicidio, secuestro, desaparición, intimidación o amenaza cometidos contra los miembros del gremio periodístico, así como la afectación material de las instalaciones de los medios de comunicación, se consideran violaciones a sus derechos fundamentales, que restringen la libertad de expresión y la libre prensa.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene, entre otros objetivos, establecer la cooperación entre los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar, implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, las cuales en teoría estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar agresiones potenciales a los integrantes del sector periodístico.

Pero la realidad se impone y los números del caso de periodistas asesinados en el país contradice la buena intención de las autoridades y sus leyes. 115 periodistas asesinados, entre 2000 y 2018, por ejercer su labor en México. El 99.6% de los casos sigue impune.

Por lo que, La Libertad de Expresión y de Prensa, las cuales se hacen valer de manera profesional periodistas y medios de comunicación, se ve expuesta constantemente, derivado a lo incómodo que pueden resultar las opiniones o informaciones que se vierten; por lo que, a nivel internacional se han establecido estándares mínimos con el propósito de lograr su ejercicio pleno, entre los que se encuentran:

• la prohibición de la censura;
• eliminar los medios indirectos que coartan la libertad de expresión;
• el respeto al secreto profesional de los periodistas; y,
• la despenalización de los delitos de prensa.

Recordemos que a pesar de las limitaciones y lo acotado de algunos de sus artículos, el 25 de junio de 2012 se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual tiene, entre otros objetivos, establecer la cooperación entre los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar, implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, las cuales desafortunadamente no han podido ser llevadas a cabo por negligencia, incapacidad o por consigna y siguen cobrando la vida y el respeto a integridad física y al trabajo periodístico de miles comunicadores.

Recordemos que en 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención a Agravios, primero a periodistas, y luego cambió a la Libertad de Expresión (Feadle). Dicha Fiscalía ha sido blanco de críticas por los escasos resultados, pues entre 2010 y 2016 obtuvo solo tres sentencias condenatorias, pese a que recibió 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por homicidio.

Sin duda, es importante que se legisle, pero más importante aún es que esta ley se lleve a la práctica, se cumpla y, en todo caso, con ella se prevengan acciones en perjuicio de las y los periodistas y comunicadores sin distinción de que si sus medios cuentan con o sin los permisos o concesiones otorgadas por el Estado.

El acto del informar no puede estar sujeto al poder del Estado y sus diferentes órdenes de gobierno. Ni a las amenazas de los grupos de la delincuencia organizada pueden acotar la libre prensa y la libre comunicación.

¡El gremio de periodistas y comunicadores no queremos seguir siendo víctimas!